Asesoria legal y financiera
Banco de territorios
En caso necesario, se ofrece asistencia jurídica en forma de asesoramiento jurídico gratuito. Pueden proporcionarlo las organizaciones, los tribunales, pero también a través de su póliza de seguros.
En este artículo le detallamos los organismos que le permiten obtener asesoramiento jurídico gratuito (Casa de la Justicia y el Derecho, tribunales, etc.), pero también a través de sus pólizas de seguros (hogar, automóvil, etc.).
Dependiendo de dónde viva, es posible encontrar un abogado gratuitamente y aprovechar el asesoramiento jurídico. No obstante, es aconsejable que averigüe directamente si puede beneficiarse de ello.
Caisse des dépôts et consignations mayotte
La formación pretende dar respuestas y apoyo jurídico adaptados al desarrollo de actividades digitales, nuevas tecnologías y startups o empresas innovadoras.
A medio plazo, esta sinergia se materializará mediante la creación de una red de antiguos alumnos procedentes de entornos complementarios que sepan responder eficazmente a los riesgos jurídicos y financieros a los que se exponen las empresas de nueva creación.
Las salidas profesionales son tres: formar a abogados empleados por empresas innovadoras, viveros de empresas o ICC; formar a abogados especializados en la asistencia a empresas innovadoras; sensibilizar a los creadores de empresas innovadoras sobre las cuestiones jurídicas y permitirles integrarse en una red de profesionales expertos en derecho, fiscalidad y financiación de empresas.
En el marco de la clínica jurídica París-Saclay, los estudiantes de DU tendrán que prestar apoyo jurídico y fiscal a la creación de una start-up de ingeniería en la meseta de Saclay (https://cliniquejuridique-paris-saclay.fr/poles/start-up-entreprises-in...)
Consultoría jurídica
Para mantener un alto nivel de excelencia en nuestro asesoramiento financiero y jurídico, nos mantenemos constantemente al corriente de las últimas novedades fiscales, sociales y económicas. Esto nos permite ofrecerle el mejor apoyo posible en sus proyectos profesionales, respetando la legislación y favoreciendo las soluciones menos gravadas y, por tanto, más interesantes desde el punto de vista fiscal.
Al enviar este formulario, usted acepta que el Grupo FCF almacene y utilice la información recopilada con el fin de procesar su solicitud. Si desea saber más sobre nuestra política de privacidad, puede encontrarla aquí
Ponemos a su disposición nuestros conocimientos en diversos campos como el derecho de sociedades, el derecho mercantil, el derecho registral y sucesorio, el derecho social y el derecho concursal.
Asesoramiento jurídico gratuito
Con los recientes cambios en la normativa europea sobre GFIA, OICVM y MIFID 2, y los cambios en el Reglamento General de la AMF para los FIA a partir del 1 de enero de 2023, todos los asesores financieros tendrán que tener en cuenta las preferencias ESG de sus clientes.
En concreto, e independientemente de su estatuto jurídico, los asesores financieros deberán realizar una evaluación previa de las preferencias ESG de sus clientes a través de un cuestionario ad hoc para asegurarse de que el producto recomendado es adecuado.
Nada revolucionario en apariencia. Sin embargo, al hacerlo, los asesores financieros se convertirán en asesores extrafinancieros, lo que modificará sustancialmente tanto el desarrollo de su actividad como el régimen jurídico de su responsabilidad profesional.
En materia de responsabilidad profesional, la jurisprudencia ha identificado cuatro tipos de obligaciones de los asesores financieros: la obligación de informarse a sí mismos, a sus clientes y al producto recomendado, la obligación de informar a sus clientes, de asesorarles y, en su caso, de advertirles. La evolución de la jurisprudencia en este ámbito ha sido especialmente exigente, exponiendo a los asesores financieros a un riesgo de responsabilidad profesional importante, ya que los clientes insatisfechos no dudan en llevarles ante los tribunales para obtener una indemnización por sus pérdidas. A este respecto, la jurisprudencia siempre ha exigido que el perjuicio alegado por el cliente insatisfecho corresponda a una pérdida financiera o a un lucro cesante. En otras palabras, la pérdida del cliente no puede ser únicamente económica.