Asesoria laboral trabajadores
Trabajar en Alemania para un francés
Por ello, la legislación europea ofrece un marco jurídico claro para garantizar la competencia leal y el respeto de los derechos de los trabajadores, de modo que las empresas y los trabajadores puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el mercado único.
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios (2016)
Ofertas de empleo en Alemania para extranjeros
El Consejo de Información del Mercado de Trabajo (LMIC) es una organización sin ánimo de lucro creada para identificar y poner en práctica las prioridades pancanadienses para abordar la necesidad de una información del mercado de trabajo más coherente y accesible para los canadienses.
El ICLM colabora con varios socios, entre ellos Empleo y Desarrollo Social de Canadá y Estadísticas de Canadá, para mejorar nuestra comprensión común de las competencias en Canadá. Estamos estudiando la mejor manera de definir y medir las competencias necesarias hoy y en el futuro.
Duración máxima del trabajador desplazado
Según el Consejo, son necesarios más trabajos técnicos y debates. También destaca que la gran mayoría de las delegaciones han acogido la propuesta en principio, subrayando la necesidad de tiempo para evaluar todas las consecuencias de la propuesta. Por el momento, todas las delegaciones mantienen reservas de estudio general sobre el texto. Dinamarca y los Países Bajos mantienen reservas de control parlamentario.
A la vista del debate en el Consejo, cabe señalar también que la Confederación Europea de Sindicatos había enviado una petición conjunta de los sindicatos de trabajadores autónomos y asalariados en la que se solicitaba un texto "eficaz" sobre la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.
Vivir y trabajar en Alemania
La empresa consideró que la sanción era desproporcionada a las circunstancias de la infracción. Por ello, solicitó la anulación de la decisión del director general de la OFII ante el tribunal administrativo. Este último rechazó su solicitud, al igual que el tribunal administrativo de apelación al que se remitió posteriormente. La empresa llevó entonces el litigio ante el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado consideró que el tribunal había cometido un error de derecho al negarse a examinar todas las circunstancias alegadas por la empresa. Con el fin de determinar si, teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la conducta, eran de una naturaleza tan particular que justificaba la exención de la empresa de esta sanción.